Desde su promulgación, en enero de 2023, los avances en regulación y normativa han sido relevantes, cumpliendo con la premisa de no obstruir el crecimiento de un sector que es necesario se continúe desarrollando. Esto ha facilitado el promover un ambiente potencialmente más simétrico entre las fintech y el sector financiero tradicional, además de favorecer la creación de productos y servicios para más consumidores y pymes chilenas.
Sin embargo, aún no se ven claramente los frutos de esta normativa. Hasta el momento ha mejorado la interacción con los actores incumbentes, pero es necesario que avancemos más rápido en aspectos clave para obtener resultados. Todavía está pendiente la acreditación de los procesadores de datos y los originadores de transacciones de pago, así como también nos falta concretar los mandatos de consentimiento.
En 2025 es clave avanzar cuanto antes en definir dónde van a residir las entidades clave, los originadores de pago, las entidades de provisión y procesamiento de datos, todos esenciales para avanzar. Es aquí donde se requiere una definición con mayor premura si lo comparamos con otros aspectos de la legislación.
Por el lado de las fintech, en tanto, es relevante que se trabaje en cumplir adecuadamente con todos los requisitos que exige la ley para poder escalar de la manera en que se espera. Lo destacable en este escenario es que hay algunas que toman la delantera respecto de la mayoría.
Hoy Chile es el país con más fintechs por cada 10.000 habitantes en América Latina, lo que representa un gran alcance. No obstante, la duda es si podremos generar las condiciones para que un porcentaje relevante logre desarrollarse en un mercado adecuado y puedan escalar, llegando a más mercados en la región.
Sin duda, la Ley Fintech permitió sentar las bases para un sistema financiero más dinámico e inclusivo, pero su éxito dependerá de la implementación efectiva de las normativas, el fortalecimiento de la ciberseguridad, la garantía de una inclusión financiera real y la protección de los consumidores. Por ello, en el año que comienza, es prioritario realizar un esfuerzo coordinado entre reguladores, industria y sociedad civil para avanzar rápidamente en la consolidación de un ecosistema financiero robusto y equitativo.
